Veinticinco muertes denunciadas: cada caso exige nombre, prueba y respuesta

Human Rights Watch informó que recibió denuncias creíbles de 25 muertes ocurridas en el contexto de las protestas inmediatamente posteriores a la elección. La organización precisó que 24 de las personas eran manifestantes o transeúntes y una pertenecía a la Guardia Nacional Bolivariana; 22 tenían menos de 40 años y la mayoría provenía de sectores de bajos ingresos. Los hechos se concentraron principalmente el 29 y el 30 de julio. Esa es la dimensión documentada por la organización, no una sentencia judicial colectiva ni una licencia para atribuir todos los casos al mismo autor.

La investigación de Human Rights Watch se apoyó en 101 entrevistas a víctimas, familiares, testigos, defensores y periodistas, además del análisis y verificación de más de 90 videos y fotografías. Revisó siete certificados de defunción y otros documentos vinculados con detenciones y procesos penales. La organización afirmó haber reunido evidencia creíble que apunta a la participación de fuerzas de seguridad en algunas muertes y que, en otros casos, colectivos armados parecen responsables. La fórmula importa: algunos hechos cuentan con corroboración más robusta; otros siguen dependiendo de testimonios, imágenes parciales o diligencias que las autoridades debieron realizar con independencia. Exijo peritajes balísticos, autopsias completas, preservación de grabaciones, identificación de armas, unidades y mandos, y protección para familiares y testigos.

La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU describió las protestas poselectorales como brutalmente reprimidas y señaló 25 personas muertas, además de cientos de heridas o detenidas. Su evaluación no apareció en el vacío. La Misión ya había encontrado motivos razonables para creer que, desde 2014, agentes estatales cometieron violaciones graves —incluidas detenciones arbitrarias, tortura, violencia sexual y ejecuciones extrajudiciales— como parte de una política para silenciar la oposición, y consideró que algunas conductas podían constituir crímenes de lesa humanidad. Esa es una conclusión de un mecanismo internacional de investigación, no una condena penal individual. Precisamente por su gravedad exige identificar responsabilidades concretas y no diluirlas en la palabra genérica “enfrentamientos”.

En el centro no hay estadísticas: hay familias que tuvieron que buscar información, reconocer cuerpos, recuperar documentos y hablar bajo temor a represalias. Una muerte no queda esclarecida porque una organización la incluya en una lista; queda documentada en un nivel inicial que debe conducir a una investigación capaz de establecer trayectoria del proyectil, arma, posición, autor material, participación de terceros y cadena de mando. Tampoco se honra a las víctimas usando una imagen fuera de contexto o atribuyéndole un nombre sin certeza. La memoria que defendemos es rigurosa porque el dolor no admite invenciones.

Más de 2.000 detenciones y el castigo convertido en mensaje

Human Rights Watch documentó que más de 2.000 personas fueron detenidas desde la elección en relación con las protestas, actividades opositoras y defensa de derechos humanos. La cifra describe un universo amplio y no significa que la organización haya verificado de idéntica manera cada arresto. Su informe recoge casos de manifestantes, críticos, dirigentes, defensores y menores de edad; denuncia desapariciones forzadas temporales, incomunicación, obstáculos para acceder a abogados, imputaciones con tipos penales vagos y testimonios de tortura o malos tratos. La Fiscalía afirmó posteriormente que alrededor de 2.000 detenidos habían sido liberados, pero una excarcelación no borra automáticamente la arbitrariedad inicial, el daño sufrido ni las restricciones impuestas.

El patrón descrito va más allá de retirar personas de una protesta. Human Rights Watch relata que fuerzas de seguridad primero instalaron barreras, emplearon gases lacrimógenos y practicaron arrestos; cuando las manifestaciones persistían, integrantes de colectivos llegaban, a menudo armados, para intimidar o atacar. La Misión de la ONU también examinó la participación coordinada de cuerpos estatales y civiles armados afines al aparato chavista. Cuando ese despliegue se combina con vigilancia, denuncias entre vecinos, revisión de teléfonos y procesos sin garantías, el castigo individual se convierte en un mensaje dirigido a toda la sociedad: protestar, grabar o preguntar puede tener un costo.

Yo conozco el propósito de ese mensaje. La prisión política y la tortura no buscan únicamente lastimar a quien está encerrado; pretenden disciplinar a su familia, a su comunidad y a quienes todavía consideran alzar la voz. Por eso la solidaridad pública debe ser concreta: acceso inmediato a defensa de confianza, información sobre el lugar de reclusión, exámenes médicos independientes, comunicación familiar, revisión judicial efectiva y libertad para quienes permanezcan detenidos arbitrariamente. Las denuncias de tortura requieren investigaciones fuera de las cadenas institucionales señaladas. Los niños y adolescentes detenidos merecen, además, protección reforzada y reparación, no expedientes usados para fabricar obediencia mediante el miedo.

Lo que cambió para siempre y lo que Venezuela todavía puede exigir

El 28 de julio dejó tres fracturas que siguen abiertas. La primera es electoral: una proclamación sin publicación de resultados desagregados verificables destruyó la posibilidad de auditoría pública. La segunda es institucional: los organismos llamados a proteger derechos operaron dentro de una estructura de poder señalada por organismos internacionales por represión y falta de independencia. La tercera es humana: familias de muertos, heridos y detenidos quedaron obligadas a perseguir una verdad que el Estado debía garantizar desde el primer momento. Ninguna ceremonia, fallo de instituciones controladas ni repetición propagandística sustituye las actas, las auditorías y las investigaciones independientes.

Conservar las imágenes impide que esas fracturas sean convertidas en una versión oficial sin víctimas. Pero conservar no significa acumular videos virales. Significa catalogar fecha, fuente, lugar general y cadena de custodia; resguardar copias originales; separar lo observado de lo narrado; verificar uniformes, matrículas y referencias geográficas sin publicar datos que pongan a testigos en peligro; y cruzar cada secuencia con testimonios y documentos. También significa corregir errores si aparecen. Una imagen auténtica con una descripción falsa puede servir a la misma maquinaria de confusión que pretendo enfrentar.

Quedan preguntas concretas y obligaciones pendientes. El CNE debe entregar la totalidad de las actas y los datos desagregados en un formato susceptible de verificación independiente. Cada una de las 25 muertes reportadas debe contar con un expediente transparente, peritajes preservados y responsables identificados conforme a pruebas. Deben establecerse las unidades desplegadas, las órdenes impartidas y la participación de colectivos armados en cada hecho. Las detenciones deben revisarse individualmente, las personas arbitrariamente privadas de libertad deben ser liberadas y las denuncias de desaparición forzada, tortura y malos tratos deben investigarse con garantías reales para víctimas y testigos.

Yo guardo esta memoria porque el olvido nunca es neutral cuando existe un aparato dedicado a imponer su relato. Las imágenes no reemplazan a la justicia, pero pueden impedir que la mentira encuentre el terreno vacío. El 28 de julio de 2024 Venezuela mostró voluntad de decidir; en las horas siguientes, la estructura que controla el poder mostró hasta dónde estaba dispuesta a llegar para impedir que esa voluntad pudiera comprobarse. Mientras falten las actas completas, mientras haya muertes sin respuesta, detenciones arbitrarias sin reparación y mandos sin rendición de cuentas, la historia seguirá abierta. Mi exigencia es precisa: verdad verificable, libertad para los detenidos arbitrariamente, protección para las familias y justicia independiente para cada víctima.