Delcy Rodríguez convirtió la primera entrega de viviendas para los damnificados de los terremotos en una ceremonia de poder. Más de 240 apartamentos fueron presentados como respuesta humanitaria mientras miles de familias continuaban en campamentos, aceras y refugios. Pero la propaganda del régimen omitió un dato central: según una investigación de El Pitazo, los primeros beneficiarios no fueron seleccionados de una lista abierta de familias comunes, sino entre personal de dependencias controladas por el chavismo: la Gobernación de La Guaira, el Seniat, el IVSS y el Ministerio de Salud.

Entre las personas que recibieron una vivienda aparece la doctora Nélare Bermúdez, denominada Autoridad Única de Salud de La Guaira y figura visible del aparato chavista. El Pitazo informó que Bermúdez perdió su casa durante los terremotos. Ese hecho puede convertirla en damnificada, pero no elimina el conflicto que debe investigarse: ocupaba un cargo de poder dentro de la misma estructura que controló la adjudicación y fue incluida en una primera entrega que, de acuerdo con el medio, se concentró en trabajadores de dependencias sometidas a la cúpula.

La pregunta periodística no es si una integrante del aparato puede sufrir una tragedia. La pregunta es por qué el régimen colocó a personas de su propia estructura en la primera fila de una ayuda escasa mientras decenas de miles de afectados seguían esperando. La respuesta no puede quedar escondida detrás de una transmisión televisada, una llave entregada ante las cámaras y un discurso de agradecimiento.

Una emergencia convertida en sistema de premios

La cúpula aseguró que más de 240 familias recibieron apartamentos completamente equipados en Ciudad Tiuna, dentro de Fuerte Tiuna, el principal complejo militar del país. Su propaganda presentó la jornada como una acción humanitaria. Sin embargo, El Pitazo reportó que la primera lista estuvo integrada por trabajadores de dependencias controladas por el chavismo y citó a una fuente que describió un filtro “estrictamente político y por seguridad”, aplicado para escoger personas ligadas al partido oficialista y capaces de demostrar “fidelidad total”.

Esa denuncia retrata el funcionamiento del aparato de Delcy Rodríguez: la cúpula secuestró recursos que pertenecen a los venezolanos, los reparte como favores personales y transforma la necesidad en obediencia. La vivienda deja de ser una respuesta basada en daño, vulnerabilidad y urgencia para convertirse en una herramienta de control. Quien pertenece al círculo del poder recibe primero; quien no tiene cargo, contacto ni lealtad demostrable queda relegado a la espera.

Desde nuestra línea editorial, este patrón forma parte del sistema de dominación que identificamos con el Cartel de los Soles: una estructura criminal que concentra recursos nacionales, dependencias sometidas y cuerpos armados, y que utiliza el patrimonio de los venezolanos para imponer disciplina política. No atribuimos automáticamente a cada adjudicatario las conductas de la cúpula. Denunciamos algo grave y documentable: la opacidad y el señalamiento de que la primera selección privilegió a integrantes del aparato cuando la emergencia exigía criterios transparentes e imparciales.

Nélare Bermúdez no era una ciudadana desconocida para el poder

Bermúdez no apareció accidentalmente en una fotografía. Ostenta el título de Autoridad Única de Salud de La Guaira y ha representado públicamente la política sanitaria regional controlada por el chavismo. Medios propagandísticos y portales cercanos al régimen la han mostrado anunciando operativos, programas de salud y mecanismos de selección vinculados al denominado sistema 1×10 del “Buen Gobierno”, nombre con el que la propia estructura intenta legitimar su control político.

Su cargo no le quita derechos como damnificada, pero sí exige un nivel mayor de transparencia. Cuando una figura de la cúpula regional recibe uno de los primeros apartamentos asignados por el mismo poder político al que pertenece, quienes controlaron la entrega deben publicar el expediente de adjudicación, el daño certificado a su vivienda, la composición de su núcleo familiar, el criterio de prioridad aplicado y su posición dentro de la lista completa de afectados.

El problema no se resuelve diciendo que ella también perdió su casa. Miles de familias perdieron viviendas, familiares, pertenencias y fuentes de ingreso. Muchas no formaban parte del aparato, no tenían acceso a la ceremonia ni podían agradecer ante las cámaras. Si todas padecieron la tragedia, la estructura que monopolizó los apartamentos debía demostrar por qué unos recibieron primero y otros permanecieron en campamentos.

Los apartamentos estaban dentro de un complejo militar

Las viviendas entregadas se encuentran en Ciudad Tiuna, dentro de Fuerte Tiuna. Jorge Rodríguez había explicado previamente que esos apartamentos estaban destinados a diputados del interior que necesitaban alojamiento al viajar a Caracas y que posteriormente fueron cedidos para los damnificados. Esa historia confirma que el poder político controlaba directamente los inmuebles antes de reasignarlos.

Según la fuente citada por El Pitazo, la ubicación militar fue utilizada para justificar la selección de personas consideradas políticamente confiables. Si esa versión es correcta, el régimen subordinó la atención humanitaria a una prueba de lealtad: no bastaba con haber perdido la vivienda; también era necesario superar un filtro político y de seguridad.

Eso sería una forma de discriminación intolerable. Los recursos de los venezolanos no pertenecen a Delcy Rodríguez, a su hermano, al partido oficialista ni a los mandos armados. Pertenecen a la nación. Una víctima no puede ser excluida o postergada por no someterse al chavismo, y una emergencia no puede utilizarse para poblar un complejo con personas seleccionadas por fidelidad.

Miles seguían esperando mientras el oficialismo celebraba

Los terremotos dejaron más de 17.000 personas sin vivienda, de acuerdo con balances difundidos durante la emergencia. La entrega de poco más de 240 apartamentos cubría apenas una fracción de la necesidad. En ese contexto, cada puesto de la primera lista tenía un valor enorme: significaba salir de un refugio, recuperar privacidad, proteger a niños y adultos mayores y comenzar a reconstruir una vida.

Precisamente por esa escasez, la adjudicación debía ser especialmente rigurosa. Debían priorizarse familias con viviendas destruidas, personas heridas, niños, ancianos, personas con discapacidad, hogares monoparentales y víctimas expuestas a condiciones inseguras. Quienes monopolizaron el censo y las llaves debían publicar los criterios de puntuación, la lista de beneficiarios y un mecanismo independiente de reclamación.

En lugar de esa rendición de cuentas, el país recibió una ceremonia. Delcy Rodríguez recorrió apartamentos, entregó llaves y construyó una narrativa de eficiencia. La televisión sometida al régimen mostró gratitud; no mostró la lista de quienes quedaron fuera, el orden de prioridad ni la explicación de por qué tantas personas vinculadas a su estructura aparecieron entre los primeros favorecidos.

La tragedia no pertenece a la propaganda

Una vivienda entregada después de una catástrofe no es un regalo de Delcy Rodríguez. Fue construida con recursos pertenecientes a los venezolanos y debe destinarse a las víctimas mediante criterios transparentes. Presentarla como una dádiva personal permite que la cúpula cobre obediencia, gratitud y silencio a cambio de un derecho.

El chavismo ha utilizado durante años misiones, bolsas de alimentos, cargos dentro de su estructura, bonos y viviendas como mecanismos de dependencia política. La denuncia sobre Ciudad Tiuna encaja en esa lógica: recursos escasos distribuidos desde arriba, sin reglas suficientemente visibles, bajo el control de una cúpula que decide quién entra y quién espera.

Jonatan Palacios News no aceptará la versión edulcorada de que toda entrega oficial es automáticamente justicia social. Cuando los primeros beneficiarios pertenecen al propio aparato estatal y una fuente denuncia filtros de fidelidad, el deber del periodismo es investigar el favoritismo, exigir documentos y confrontar la propaganda.

Delcy Rodríguez debe publicar la lista completa

La cúpula que controló la entrega debe divulgar los nombres de los beneficiarios, las dependencias del régimen en las que trabajan, la ubicación y evaluación de las viviendas que perdieron, la fecha de inscripción en el censo, el criterio de vulnerabilidad aplicado y el orden de adjudicación. También debe informar cuántos solicitantes sin vínculos con el aparato chavista fueron incluidos y cuántos continúan esperando.

Si la selección fue justa, la documentación permitirá demostrarlo. Si existió un filtro político, los responsables deben rendir cuentas y las adjudicaciones deben revisarse mediante un proceso independiente. Lo que no resulta aceptable es utilizar la opacidad para proteger a la cúpula mientras se exige confianza ciega a las víctimas.

Nuestra posición editorial

Una vivienda construida con los recursos de los venezolanos no puede ser un premio por arrodillarse ante el poder. Tampoco puede ser una herramienta para fabricar lealtades dentro de una tragedia nacional. La emergencia debía colocar a las víctimas en el centro; el aparato de Delcy Rodríguez la convirtió en otra oportunidad para imponer dependencia, propaganda y control.

La imagen de Nélare Bermúdez recibiendo las llaves no debe analizarse de forma aislada. Debe colocarse junto al reporte de que la primera lista favoreció a integrantes del aparato, la ubicación militar de los apartamentos, la denuncia sobre filtros de fidelidad y la realidad de miles de familias aún sin hogar. Ese conjunto revela el verdadero escándalo: una estructura de poder que reserva la primera respuesta para los suyos y obliga al resto a esperar.

Delcy Rodríguez no puede repartir el patrimonio de los venezolanos como si fuera suyo. Cada apartamento debe adjudicarse por necesidad comprobada, no por cargo, cercanía u obediencia. Hasta que la cúpula publique los expedientes y permita una auditoría independiente, esta entrega permanecerá bajo una sospecha legítima de favoritismo político.