Donald Trump aseguró este viernes desde el Despacho Oval que Venezuela todavía no está preparada para celebrar elecciones, aunque sostuvo que se han logrado avances desde la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero. El mandatario estadounidense elogió a Delcy Rodríguez, figura central del aparato chavista, al afirmar que realiza un “trabajo fantástico”, y vinculó su evaluación con los acuerdos petroleros. Esas palabras describen la posición política de Trump; no constituyen una certificación independiente de una transición democrática.

La declaración llega cuando el secretario de Estado, Marco Rubio, sostiene que la transición comenzó formalmente y que Washington estará muy involucrado en el diálogo previsto desde el 1 de agosto entre representantes de la Asamblea Nacional electa en 2015 y la estructura que controla actualmente las instituciones venezolanas. En paralelo, el aparato de Delcy Rodríguez notificó la decisión de retirar al país del Estatuto de Roma.

Trump elogia los acuerdos, pero no fija una fecha electoral

Según las declaraciones difundidas desde el Despacho Oval, Trump dijo que Venezuela “no está realmente preparada” para elecciones y que, pese a ello, se ha avanzado mucho. También destacó la producción petrolera, el interés de grandes compañías y los ingresos derivados de los acuerdos alcanzados. No presentó en esa intervención un calendario electoral, condiciones mensurables para convocar los comicios ni un mecanismo que permita a la ciudadanía venezolana evaluar cuánto durará esta etapa. El reconocimiento económico no puede sustituir la restitución verificable de derechos políticos.

Que Washington considere útil la cooperación de Delcy Rodríguez no convierte al aparato que ella representa en una autoridad democrática legitimada por el voto. Tampoco prueba que hayan desaparecido las estructuras de coerción heredadas del régimen de Maduro. La transición debe medirse por hechos: liberación plena de presos políticos, regreso seguro de exiliados, libertad de prensa y organización, independencia electoral, depuración institucional y posibilidad real de competir sin persecución. Mientras esas garantías no sean públicas y comprobables, el aplazamiento de las elecciones favorece a quienes ya controlan recursos, cuerpos de seguridad y organismos estatales.

La población necesita estabilidad, servicios, empleo y recuperación de la industria petrolera, pero no debe ser obligada a escoger entre bienestar económico y soberanía popular. Los acuerdos sobre petróleo exigen transparencia: condiciones, beneficiarios, destino de los ingresos y controles para impedir que la riqueza vuelva a alimentar redes de corrupción o represión. La afirmación de Trump sobre un “trabajo fantástico” es un elogio suyo, no una auditoría de resultados ni una absolución política o judicial para Delcy Rodríguez o para otros jerarcas del chavismo.

El diálogo del 1 de agosto necesita reglas y vigilancia pública

Rubio afirmó que representantes de la Asamblea Nacional de 2015 y del aparato encabezado por Rodríguez acordaron establecer un formato de diálogo para la reconciliación y el comienzo de la transición. Estados Unidos, dijo, estará muy involucrado. El anuncio puede abrir una vía institucional, pero por ahora deben verificarse la lista de participantes, el mandato de cada delegación, la agenda, los plazos, las garantías de cumplimiento y el acceso de víctimas, sociedad civil, presos liberados, exiliados y fuerzas democráticas que han enfrentado la persecución.

Sobre María Corina Machado, Rubio señaló que su eventual papel dependerá del pueblo venezolano y de que los participantes se lo permitan. La primera parte reconoce una verdad elemental: el liderazgo político debe decidirse mediante derechos y votos. La segunda expone el riesgo central, porque ninguna mesa controlada por estructuras no elegidas puede adjudicarse la facultad de permitir o impedir la participación de una dirigente. Las condiciones de elegibilidad deben proceder de normas democráticas y de autoridades independientes, no de vetos fabricados por el mismo aparato que cerró la competencia política.

Una negociación útil no puede convertirse en fotografía, reparto de cuotas o pausa indefinida. Debe producir compromisos verificables sobre registro electoral, voto de la diáspora, observación internacional, acceso equitativo a medios, libertad de candidatos y cronograma. También tiene que establecer consecuencias claras ante nuevos actos de persecución. Washington asume una responsabilidad especial al dirigir o respaldar este proceso: no debe intercambiar justicia y participación por cooperación petrolera, ni presentar la estabilidad del aparato como si fuera la democratización del país.

La represión documentada impide hablar de una disputa normal

Venezuela no llega a esta etapa después de una alternancia ordinaria. La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU documentó que las protestas posteriores a la elección del 28 de julio de 2024 fueron brutalmente reprimidas, con 25 personas muertas y cientos de heridas o detenidas. El informe describió detenciones arbitrarias, tortura, violencia sexual, desapariciones de corta duración y persecución política dentro de un patrón de cierre del espacio cívico. Son hallazgos internacionales, no una simple diferencia entre oficialismo y oposición.

La misma misión ha investigado desde 2014 ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y tortura. En informes anteriores concluyó que existían motivos razonables para creer que algunas conductas podían constituir crímenes de lesa humanidad. Esa formulación tiene un significado preciso: es una conclusión fundada de un mecanismo internacional de investigación, pero no equivale a una condena penal individual. Las responsabilidades personales requieren pruebas, defensa y decisión de un tribunal competente. Ser señalado, investigado, acusado, requerido mediante una orden de captura y condenado son situaciones jurídicas distintas.

Para los venezolanos, estas distinciones no son tecnicismos. Determinan si una víctima tendrá acceso a expedientes, si un responsable podrá ser juzgado y si una transición romperá realmente con el aparato represivo. También impiden que el lenguaje político sustituya la justicia: la captura de Maduro, según la información oficial estadounidense, lo llevó a enfrentar cargos en Estados Unidos; no representa por sí sola una condena. Del mismo modo, negociar con integrantes del viejo poder no borra señalamientos ni atribuye culpabilidad automática a quienes no han sido juzgados.

Salir de la CPI no extingue la investigación Venezuela I

El régimen anunció su retiro de la Corte Penal Internacional alegando sesgo. Esa decisión debe leerse frente al expediente existente. La Fiscalía de la CPI concluyó en 2020 que había una base razonable para creer que desde al menos abril de 2017 se cometieron crímenes de lesa humanidad, entre ellos encarcelamiento, tortura, violación u otras formas de violencia sexual y persecución por motivos políticos. En 2021 abrió formalmente la investigación Venezuela I, y la Sala de Apelaciones confirmó en marzo de 2024 la autorización para reanudarla.

Esto tampoco significa que la CPI haya condenado a Delcy Rodríguez, a Maduro o a cada funcionario mencionado públicamente en relación con el régimen. La investigación examina situaciones y posibles responsabilidades; una condena exige un caso individual, cargos confirmados, juicio y sentencia. Hasta donde muestran las fuentes citadas en esta nota, el retiro anunciado no viene acompañado de una decisión judicial de la CPI que cierre el expediente. Presentarlo como una salida inmediata de toda jurisdicción sería jurídicamente incorrecto y perjudicial para las víctimas.

El artículo 127 del Estatuto de Roma establece que un retiro surte efecto un año después de recibida la notificación, salvo que se indique una fecha posterior. Además, no libera al Estado de obligaciones nacidas mientras era parte, no elimina la cooperación debida en investigaciones y procedimientos iniciados antes de la fecha efectiva ni impide que la Corte continúe examinando asuntos que ya estaban bajo su consideración. Por eso, el intento de abandonar el tratado es un golpe político a la rendición de cuentas, pero no una orden capaz de borrar Venezuela I.

La transición debe pertenecer a los venezolanos y proteger a las víctimas

El debate no puede reducirse a si Trump confía en Rodríguez o a cuánto petróleo circula. La prueba democrática será si un ciudadano puede expresarse sin miedo, si una familia conoce el paradero de un detenido, si un exiliado puede regresar y votar, y si las víctimas participan en un proceso de justicia independiente. Cualquier mejora económica debe sentirse en salarios, hospitales, alimentación, electricidad y servicios, con cuentas públicas verificables. De lo contrario, la riqueza puede reforzar a la misma estructura que limitó derechos durante años.

También debe aclararse qué autoridad supervisará el diálogo del 1 de agosto, cómo se resolverán incumplimientos y cuándo comenzará una ruta electoral creíble. La comunidad internacional debe exigir acceso para observadores y organismos de derechos humanos, preservación de archivos, protección de testigos y cooperación con la CPI. Ningún pacto político puede conceder impunidad por posibles crímenes de lesa humanidad, y ninguna presión extranjera debe reemplazar la voluntad de los venezolanos expresada mediante elecciones auténticas.

La salida responsable exige verificar la notificación depositada ante la ONU y su fecha efectiva, publicar los acuerdos petroleros, identificar las garantías concretas del diálogo y fijar un cronograma electoral sujeto a condiciones transparentes, no a la conveniencia de quienes controlan el poder. También debe investigarse toda denuncia de represión y mantenerse la cooperación con la justicia internacional. Venezuela necesita una transición que desmonte el aparato autoritario, repare a las víctimas y devuelva la decisión política a la ciudadanía; aplazar el voto sin esas garantías solo prolongaría la incertidumbre.