Perú declaró el estado de emergencia durante 60 días en cinco distritos del departamento de Junín, en la sierra central, después del sismo de magnitud 5,1 que golpeó la zona la noche del sábado 18 de julio. La decisión quedó oficializada el lunes 20 mediante el Decreto Supremo N.° 106-2026-PCM. No es un anuncio simbólico: habilita acciones excepcionales de respuesta y rehabilitación en comunidades donde hay muertos, heridos, viviendas derrumbadas y servicios públicos afectados.

El balance difundido hasta este martes por reportes de prensa basados en información del Instituto Nacional de Defensa Civil señala al menos seis fallecidos, 32 heridos, 52 viviendas destruidas y más de 300 damnificados. Estas cifras deben leerse como preliminares: la evaluación continúa y puede variar cuando las autoridades consoliden el padrón de familias, inspeccionen inmuebles y distingan entre casas destruidas, inhabitables y afectadas. La urgencia exige precisión, no una carrera de números sin respaldo.

Chongos Bajo concentra el golpe más severo

El movimiento ocurrió a las 21:24, según la información sísmica divulgada tras la emergencia, cuando muchas familias ya estaban dentro de sus casas. Chongos Bajo, en la provincia de Chupaca, aparece como el distrito más castigado. El epicentro fue ubicado cerca de esa zona, a unos siete kilómetros al sur de Chupaca y con una profundidad aproximada de 24 kilómetros. La combinación de cercanía, horario nocturno y construcciones vulnerables agravó el riesgo.

La fuente entregada para esta nota contiene un testimonio incompleto: una persona afirma que su padre y su madre estaban descansando o dormían y que después “ya no hay nada que hacer”. El fragmento expresa una pérdida devastadora, pero no identifica al hablante, no precisa el lugar y presenta frases deformadas por una posible transcripción automática. Por rigor, no permite concluir quiénes eran esas personas, si murieron ni en qué inmueble se encontraban. Ese extremo requiere corroboración directa con la familia o con un registro oficial.

Las imágenes y reportes disponibles muestran el problema de fondo: el sismo no tuvo una magnitud extrema, pero encontró viviendas frágiles, varias levantadas con materiales tradicionales. Esa vulnerabilidad no puede atribuirse a las víctimas. Corresponde determinar qué edificaciones fallaron, qué asistencia técnica existía y qué políticas de vivienda segura estuvieron ausentes. El desastre natural activa la emergencia; la precariedad acumulada amplía sus efectos.

Cinco distritos bajo una medida excepcional

La declaratoria comprende Chongos Bajo y San Juan de Iscos, en la provincia de Chupaca, además de Chupuro, Viques y Huacrapuquio, en la provincia de Huancayo. El plazo corre desde el 20 de julio. El Gobierno Regional de Junín y los municipios involucrados deben ejecutar las medidas inmediatas, con coordinación técnica y seguimiento de Indeci y con participación de los ministerios competentes.

El decreto permite acelerar puestos médicos de avanzada, brigadas sanitarias, evaluación de centros de salud, espacios alternos para estudiantes y asistencia a productores. También contempla maquinaria pesada, soluciones habitacionales, seguridad, rescate y medios aéreos para distribuir ayuda. La norma facilita donaciones de alimentos, medicinas, equipos médicos, abrigo, colchones y carpas, además de servicios gratuitos de transporte, almacenamiento y operación de maquinaria.

Pero declarar una emergencia no equivale a reconstruir. El texto oficial establece facultades y responsabilidades; su cumplimiento debe medirse con entregas verificables, fechas, beneficiarios y avances públicos. Las acciones se financiarán con los presupuestos institucionales de las entidades participantes, sin recursos adicionales del Tesoro Público. Ese detalle obliga a explicar cuánto dinero puede movilizarse realmente y qué obras o servicios deberán ser reprogramados para atender la crisis.

Rescate, albergues y servicios que no pueden esperar

Militares, policías y bomberos han intervenido en recorridos, evacuaciones, limpieza y habilitación de albergues. Los reportes mencionan 122 efectivos movilizados. La prioridad inmediata es comprobar que no quede nadie atrapado, estabilizar a los heridos y evitar que familias regresen a estructuras inseguras. Cada vivienda debe recibir una evaluación técnica visible y comprensible; una cinta o una orden verbal no bastan cuando una familia debe decidir dónde pasará la noche.

La respuesta también debe asegurar agua, saneamiento, electricidad, atención médica, alimentación y abrigo en una región de noches frías. Escuelas, iglesias, centros de salud e instituciones públicas figuran entre las infraestructuras afectadas, aunque el alcance preciso de los daños sigue en evaluación. Si una escuela no puede operar, debe informarse dónde estudiarán sus alumnos. Si un centro sanitario perdió capacidad, debe identificarse el puesto alternativo y garantizar su abastecimiento.

Los albergues requieren más que carpas. Deben contar con iluminación, baños separados y seguros, protección para niñas, niños, personas mayores y personas con discapacidad, atención de salud mental y mecanismos para denunciar abusos. Las autoridades locales tienen además la obligación de consolidar un padrón de damnificados. Ese registro debe evitar duplicidades, pero nunca convertirse en una barrera burocrática para quien perdió documentos bajo los escombros.

Las cifras deben actualizarse con nombres y criterios claros

El dato de seis muertos y 32 heridos es el balance público más reciente localizado para esta nota, no una cuenta definitiva. Las primeras informaciones hablaron de menos fallecidos y de personas atrapadas, algo habitual durante las horas iniciales de una emergencia. La corrección posterior no debe presentarse como contradicción automática: refleja el proceso de búsqueda y verificación. Lo exigible es que cada actualización indique hora, fuente y criterio.

También debe transparentarse el universo de afectados. “Damnificado” suele referirse a quien perdió total o gravemente su vivienda o sus medios de vida, mientras “afectado” puede abarcar daños parciales. Mezclar ambas categorías impide dimensionar las necesidades. Indeci, el gobierno regional y los municipios deben publicar un consolidado compatible, desagregado por distrito y sin exponer datos personales sensibles de las familias.

Las réplicas y la posibilidad de nuevos desprendimientos obligan a mantener la vigilancia. No se puede predecir un nuevo sismo con fecha y hora, y cualquier mensaje que prometa hacerlo debe rechazarse. Sí es posible inspeccionar suelos y estructuras, delimitar zonas peligrosas y comunicar rutas de evacuación. La información oficial debe llegar en lenguaje sencillo y por canales que funcionen aun cuando falle la electricidad o la conexión móvil.

Sesenta días para responder y rendir cuentas

La ayuda privada y las donaciones pueden acelerar la atención, pero necesitan trazabilidad. Debe existir un inventario público de lo recibido, el lugar de almacenamiento, la entidad responsable y el destino final. La población tiene derecho a saber cuántas carpas, raciones, colchones y módulos habitacionales llegaron a cada distrito. La solidaridad no puede terminar en fotografías de entrega ni quedar expuesta a favoritismos políticos.

Durante los 60 días deberán publicarse metas semanales: viviendas inspeccionadas, escombros retirados, pacientes atendidos, aulas sustituidas, caminos habilitados y familias con alojamiento seguro. Contraloría y órganos de control deben vigilar compras, contrataciones y distribución. Las comunidades, incluidas las rurales y más alejadas, necesitan participar en la verificación para que la asistencia no se concentre donde hay cámaras o mayor acceso vial.

La emergencia está confirmada; la recuperación todavía no. Falta cerrar el balance de víctimas, identificar con rigor todas las viviendas inhabitables, determinar la condición de escuelas y centros de salud y precisar el financiamiento disponible. También corresponde investigar por qué tantas construcciones no resistieron y qué medidas permanentes reducirán el próximo riesgo. Cada familia debe recibir ayuda comprobable, una solución habitacional segura y respuestas públicas antes de que venza el decreto.