Zair Mundaray denuncia caso de juez agrario de Apure señalado por desalojos y abuso de poder
La denuncia pública identifica a Antonio Aaysenn Franco Tovar y advierte sobre presuntos desalojos arbitrarios, robo de tierras, afectación a campesinos y falta de respuesta institucional en Apure.
Una denuncia que no puede quedar flotando en redes
La publicación del abogado Zair Mundaray sobre Antonio Aaysenn Franco Tovar coloca nuevamente sobre la mesa un tema que Venezuela no puede seguir tratando como ruido pasajero: el uso de cargos públicos, estructuras judiciales y apoyo armado para afectar a comunidades rurales, campesinos y personas vulnerables. Desde Jonatan Palacios News observamos esta denuncia como una alerta de interés público, no como un señalamiento menor perdido en una red social.
De acuerdo con la publicación difundida por Mundaray, Franco Tovar aparece en el número 167 de una lista pública de señalamientos. El abogado lo identifica como actual juez superior agrario de Apure y lo vincula políticamente con protección del gobernador y de Diosdado Cabello. La denuncia también sostiene que, con catorce años de graduado, habría presentado un certificado falso de la Unellez para acreditar quince años como profesor de derecho.
El caso exige cuidado editorial y también firmeza. Una denuncia de este tipo debe investigarse, documentarse y responderse por canales institucionales. Pero cuando el señalamiento involucra presuntos desalojos arbitrarios, robo de tierras, robo de ganado, uso de fuerza y afectación a personas heridas, el silencio oficial deja de ser prudencia y se convierte en un problema adicional. La ciudadanía tiene derecho a saber si quienes administran justicia agraria actúan dentro de la ley o si usan su cargo como instrumento de control.
Poder agrario, campesinos y miedo
La denuncia pública atribuye a Franco Tovar decenas de denuncias por desalojos arbitrarios de campesinos, robo de tierras y robo de ganado. En un país donde la propiedad rural, la producción agrícola y la vida campesina han sido golpeadas por inseguridad, controles, abandono institucional y conflicto territorial, estos señalamientos tienen un peso enorme. No se trata solo de una disputa privada por un terreno. Se trata de cómo el poder puede caer sobre comunidades con menos herramientas para defenderse.
Mundaray afirma que el caso más reciente involucraría el desalojo de una mujer de 104 años de un rancho que habría sido derribado, además de la apropiación de búfalos que estaban en el terreno. Según la publicación, la denuncia reposaría en el Ministerio Público de Apure sin diligencia alguna. Si esa afirmación es correcta, la gravedad no está solamente en el hecho denunciado, sino también en la presunta parálisis institucional posterior.
Una persona de 104 años representa el rostro más vulnerable de cualquier conflicto de tierra. Si una adulta mayor puede ser desalojada sin garantías, si su vivienda puede ser destruida y si sus bienes pueden terminar en manos de terceros sin respuesta efectiva, el mensaje para el resto de la comunidad es devastador: nadie está protegido. Esa es la dimensión humana que no debe perderse entre nombres, cargos y expedientes.
La justicia no puede operar como amenaza
La publicación también señala que en desalojos violentos se habría usado apoyo del Ejército y que personas habrían resultado heridas. Ese punto requiere investigación inmediata. La fuerza pública no puede ser utilizada para imponer intereses particulares, ejecutar atropellos ni intimidar comunidades campesinas. Toda actuación de desalojo debe tener orden legal, debido proceso, identificación de funcionarios, protección de personas vulnerables y mecanismos de revisión.
La justicia agraria existe para resolver conflictos vinculados con tierras, producción, ocupación, propiedad y derechos rurales. Si un juez agrario es señalado por usar su posición para favorecer desalojos arbitrarios o apropiaciones, la institucionalidad completa queda bajo sospecha. No basta con negar. No basta con callar. Deben revisarse expedientes, actuaciones, denuncias, certificados, decisiones y vínculos de poder.
El señalamiento sobre un presunto certificado falso de la Unellez también debe ser tratado con seriedad. La credencial académica no es un adorno. Si fue usada para cumplir requisitos de cargo o respaldar méritos profesionales, su autenticidad importa. Un sistema judicial que no verifica credenciales abre espacio para arbitrariedades, ascensos opacos y decisiones con consecuencias reales sobre la vida de los ciudadanos.
Responsabilidad del Ministerio Público
El Ministerio Público de Apure aparece mencionado en la denuncia como instancia donde reposaría el caso sin diligencia alguna. Esa afirmación debe generar respuesta. La obligación del Ministerio Público no es archivar el dolor de las víctimas, sino investigar. Si hay denuncias por desalojo arbitrario, lesiones, robo de ganado, robo de tierras o abuso de autoridad, cada hecho debe tener número de causa, funcionario responsable, actuación practicada y estado procesal verificable.
La comunidad afectada, según Mundaray, no sabe a dónde acudir frente a lo que describe como atrocidades cometidas en ejercicio de funciones. Esa frase revela una fractura profunda: cuando la gente siente que no tiene puerta institucional, la denuncia pública se convierte en último recurso. Redes sociales, medios y defensores terminan cumpliendo el papel que deberían cumplir fiscalías, tribunales, defensorías y autoridades regionales.
Desde Jonatan Palacios News subrayamos que toda persona señalada conserva derecho a defensa y debido proceso. Pero las víctimas también tienen derecho a protección, investigación y respuesta. El equilibrio no se logra enterrando denuncias, sino abriéndolas a revisión seria. La transparencia protege a inocentes y expone a responsables.
Una noticia destacada por lo que revela
Esta denuncia es noticia destacada porque muestra una posible cadena de poder local: autoridad judicial agraria, protección política, fuerza armada, campesinos afectados, adulta mayor desalojada y Ministerio Público sin respuesta visible. Si esos elementos se confirman, no estamos ante una irregularidad aislada, sino ante una estructura de abuso contra ciudadanos vulnerables.
La pregunta que queda planteada es directa: ¿quién protege a las comunidades rurales cuando el poder que debería garantizar justicia es señalado como parte del problema? Apure merece respuestas. Los campesinos merecen garantías. Las personas mayores merecen protección. Y cualquier funcionario con poder sobre tierras, desalojos y decisiones judiciales debe estar sometido a escrutinio público, control legal y rendición de cuentas.
Fuente
Fuente: publicación pública del abogado Zair Mundaray en X, captura suministrada para esta cobertura.
Fecha/hora de referencia: 24 de junio de 2026, hora Venezuela (UTC-4).